Con la estrategia constante de generar confusión y algunos datos falsos, la semana anterior la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) mostró como una victoria una resolución de la Cámara IX en lo Laboral de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero esta solo era un paso más en una sucesión de recursos intermedios en la causa que se tramita por el despido de 29 personas en la empresa Lácteos Vidal.

Está a poco de cumplir dos años aquel bloqueo de dos meses que realizó Atilra en esa pyme láctea, y que puso muy difícil el devenir de la empresa. Hubo entonces una superposición de situaciones que generaron el despido de 29 trabajadores por no presentarse a cumplir con sus tareas luego del reclamo de los empleadores, la llegada de una cautelar para impedirlo cuatro días después, y la contratación de nuevos recursos humanos en reemplazo de los despedidos. Desde allí, se sigue un camino sinuoso donde la Justicia muestra sus debilidades.

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Lo cierto es que el caso inicial estuvo a cargo del Juez José Ignacio Ramonet, quien desde el vamos cometió un error de magnitud al considerar a todas esas personas despedidas como delegados gremiales, lo cual les aseguraría inmunidad labora. Pero este hecho no era real y eso era muy fácil de comprobar. Sin embargo, desde entonces el magistrado mantiene vigente un embargo económico sobre la firma, que siendo pequeña en dimensión y volumen de negocios halla en esta situación una sería limitación en su posibilidad de continuidad.

Más allá de las cuestiones administrativas, la situación que se discute ahora en la Sala IX  de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, fue la excusación de uno de los magistrados que la componen, debido a tener intereses cercanos al gremio. Por eso quedan activos en el trámite de este expediente los jueces Roberto Pompa y Álvaro Balestrini.

Se añade en este trámite la influencia de la presentación que hicieran unos 50 abogados de gremios como “amicus curie”, solicitando ser consultados sobre la causa e influyendo así en las definiciones. Héctor Recalde, un abogado laboralista y ex diputado kirchnerista, históricamente muy ligado a la CGT, es el primer firmante de la solicitud en octubre de 2022.

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La última novedad en el caso ha sido una resolución dictada este lunes, ante la revocatoria interpuesta el miércoles de la semana anterior, retomando la determinación de “inapelabilidad de recursos” que vienen favoreciendo en todos los casos al gremio.

Los jueces consideran que las cautelar que se intentan presentar por parte de la empresa son “carentes de andamiento fáctico y jurídico”.

Así surge la sentencia interlocutoria en este juicio sumarísimo y sus incidentes, donde además en todo momento se remarca que las costas siempre recaerán sobre la demandada.

Lo que destacó el abogado de Lácteos Vidal, Eduardo Darriba, es que “el recurso fue rechazado en tiempo récord, teniendo en cuenta los plazos que se manejaron anteriormente en todas las etapas de este caso”.

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Queda establecido que la Sala reafirmó el principio de inapelabilidad en juicios sumarísimos, lo cual no se hizo al tratar el recurso interpuesto contra la suspensión de la medida cautelar, actuando como ya lo venía haciendo, “con una parcialidad más que manifiesta”.

A partir de ahora sólo resta esperar una sentencia definitiva, que igualmente sería apelable y que tendrá incluso un camino hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde no tendrán influencia los pedidos de acercamiento de letrados vinculados a sindicatos.

Frente al máximo tribunal, será entonces más complejo para la gremial demostrar que no se bloqueó el funcionamiento de una empresa familiar, tradicional y que le da trabajo a decenas de personas, tanto en su planta de Moctezuma, en el partido bonaerense de Carlos Casares, como en su planta distribuidora del barrio porteño de Villa Devoto.

En una causa paralela en la justicia penal, el caso ya tiene a tres imputados, en dos distritos judiciales diferentes, por impedir su funcionamiento y la libertad de los trabajadores de ejercer su derecho a desempeñarse en sus tareas.

Elida Thiery