Es sabido por todos, también por el actual Gobierno, que el sector agropecuario puede contribuir rápidamente al crecimiento y a la generación de divisas, junto con el sector energético y minero.

Los derechos de exportación limitan ese potencial productivo, restando rentabilidad especialmente en zonas más alejadas de los puertos o con capacidades agroecológicas más reducidas.

El área sembrada con cultivos anuales se ha expandido fuertemente cuando se eliminaron los derechos de exportación entre 1991 y 2001. También lo hizo en respuesta a los altos precios internacionales.

A pesar de las bajas recientes, los precios internacionales de la soja, el maíz y del trigo se ubican por encima de la media. Es probable una caída adicional del precio internacional si se concretan las expectativas de cosechas para esta campaña en el hemisferio norte.

Una vez que se produzca la unificación cambiaria y eliminación del Impuesto PAIS a la importación de insumos claves para la agricultura, será la reducción gradual de los derechos de exportación, hasta su eliminación definitiva, la media de gobierno de mayor impacto para promover una expansión de la producción agrícola y el ingreso de divisas.

Se podría plantear una reducción progresiva de los derechos de exportación, para que la baja de estos impuestos distorsivos acompañe el ritmo de la reducción de gasto público que está instrumentado el actual Gobierno.

Considerando solo los seis principales cultivos, una baja gradual podría promover un incremento de la producción de un 25%, pasando de 120 millones de toneladas esta campaña a 150 millones en la 2027/2028.

Esta evolución posible de la producción ha sido simulada asumiendo los precios internacionales actuales y un esquema de reducción gradual de los derechos de exportación, en forma pareja para todos los cultivos y en magnitudes acordes al punto de partida. En cereales se propone una reducción de tres puntos por año y en soja seis puntos el primer año y luego nueve puntos los próximos tres.

El ingreso de divisas por la exportación de los seis cultivos principales podría incrementarse en 10.000 millones de dólares por el crecimiento de la producción (a US$37.195 millones). La reducción de ingresos fiscales, en concepto de derechos de exportación, tendría una evolución temporal muy compatible con la esperada disminución del gasto. La recaudación por Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos, a la largo de toda la cadena, por el incremento en 30 millones de toneladas de la producción, contribuirá también a mantener la meta de equilibrio fiscal.

Seguramente a muchos le podrá parecer un programa demasiado gradual, pero lo posible en este caso quizás sea mejor que lo ideal. El cambio de rumbo económico exige un esfuerzo por parte de toda la sociedad. El sector agropecuario ha contribuido siempre a sacar al país de situaciones difíciles. Hay luz al final del túnel.

El autor es analista de mercados

Jorge Domínguez Brando
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